Luego de ocho meses de trabajo en contacto directo con las víctimas, asociacio-nes de víctimas, organiza-ciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y autoridades e instituciones bolivianas, el Grupo In-terdisciplinario de Exper-tos Independientes (GIEI) presentó ayer su informe final sobre las violaciones de derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Debido a la crisis política y social que Bolivia vivió luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la Co-misión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH) hizo una visita de observación en-tre el 22 y 25 de noviembre de ese año y, entre sus observa-ciones preliminares estable-ció la existencia de “graves violaciones de derechos hu-manos de amplio espectro y lamentables consecuencias”, por ello recomendó la crea-ción de un mecanismo de in-vestigación internacional so-bre los hechos de violencia.
El GIEI trabajó con autono-mía e independencia para ase-gurar el derecho a la verdad y sobre todo para identificar de-bidamente a los responsables.
El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplo-mática MPB-OEA-NV 274- 19, el gobierno transitorio expresó su conformidad con la realización de una inves-tigación internacional im-parcial que determinaría y calificaría los hechos de vio-lencia ocurridos en el país y, con base en estos antece-dentes, la CIDH y el Estado firmaron un acuerdo para apoyar la investi-gación de los actos de violen-cia y las v iolac io – nes de los d e r e c h o s humanos en Bolivia en ese periodo de tiempo.
El GIEI Bolivia fue inte-grado por cinco expertos de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Ju-lian Burger, Magdalena Co-rrea, Marlon Weichert y Pa-tricia Tappatá. Y Jaime Vidal fungió como secretario ejecu-tivo del grupo.
También contó con un equipo técnico de investiga-doras e investigadores de dis-tintas nacionalidades.
EL TRABAJO
El equipo técnico de in-vestigadores radicó en La Paz y estuvo compuesto por profesionales de distintas nacionalidades y con expe-riencia multidisciplinaria en el ámbito penal y de dere-chos humanos. La agenda de tra-bajo consistió en reuniones y au-diencias pú-blicas con autoridades estatales, organiza-ciones de la sociedad civil, aso-ciaciones de víctimas, vícti-mas y familiares. Se recorrieron las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, el Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre, donde se escuchó en audiencias públicas a las vícti-mas y a actores y autoridades. Se sostuvieron reuniones con representantes de Diputados, Senado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Institu-to de Identificación Forense (IDIF), los ministerios de De-fensa, Gobierno, de la Presi-dencia, Relaciones Exteriores, Salud, Procuraduría General y Tribunal Constitucional.
A partir de la información recopilada en dos semanas, el GIEI Bolivia elaboró un plan de trabajo general y planes de investigación específica para los hechos acontecidos en Be-tanzos, Cochabamba, Challa-pata, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Senkata, Potosí, Vila Vila y Yapacaní.
A lo largo de su manda-to, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas, entre víctimas, testigos, autorida-des, actores políticos y perso-nalidades públicas que brin-daron su testimonio.
Se reunió con periodis-tas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacio-nales y delegaciones diplo-máticas en Bolivia.
Para la toma de testimo-nios se implementó una me-todología basada en la volun-tariedad y confidencialidad de las víctimas, familiares y testigos. En primer lugar, se centró en generar un ambien-te de confianza y comodidad para las personas que brinda-ron testimonio.
Respecto de la revisión de expedientes y demás in-formación investigativa u oficial sobre los hechos de violencia que se solicitó al Estado y otros órganos au-tónomos mencionados, el GIEI Bolivia analizó más de 120 mil folios de expedien-tes investigativos, judicia-les, periciales e información aportada por diversas au-toridades. De igual forma, analizó más de 1.000 archi-vos de material audiovisual aportados por la sociedad civil, autoridades, CIDH, así como material de la prensa y de las redes sociales.
Adicionalmente, contó con el apoyo de pericias in-ternacionales para aspectos técnicos y específicos, tales como balística, antropolo-gía forense, experticia mili-tar, imágenes satelitales, del Equipo Argentino de Antro-pología Forense (EAAF) y de la organización Justice Ra-pid Response.
Finalmente, los expertos inspeccionaron varias ofici-nas e instalaciones guberna-mentales afectadas por los he-chos de violencia, tales como tribunales electorales, esta-ciones policiales integrales y la planta de YPFB-Senkata.
Leia a totalidade do Informe “ Arce compromete resarcimiento integral” em:
https://issuu.com/periodicobolivia/docs/especial_-_informe_giei